Tres periodistas, dos mesitas y una cafetera escondidas en un edificio del centro de Pécs, Hungría. Esta es la sencilla oficina de Szabad Pécs, un sitio web que se presenta como la única fuente de noticias independiente del suroeste de Hungría.
Su redacción es austera porque es lo único que pueden permitirse. En los últimos años, el gobierno ha intentado limitar los pocos medios de comunicación independientes del país restringiendo su acceso a la información, invirtiendo grandes sumas de dinero en los medios estatales y dominando el espacio publicitario. En el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, Hungría descendió 31 puestos desde 2013, situándose en el puesto 87 en 2019. En 2018, el gobierno creó la Fundación de Prensa y Medios de Comunicación de Europa Central (KESMA), la mayor empresa de medios del país, compuesta por cientos de medios que reciben financiación estatal, lo que ha provocado la desaparición de las redacciones independientes.
En 2019, la Unión Húngara de Libertades Civiles (HCLU), una ONG de derechos humanos que colabora con Media Defence desde 2011, se puso en contacto con Szabad Pecs para proponerles que llevaran a KESMA ante los tribunales. La HCLU argumentó que la autoridad nacional de competencia había autorizado ilegalmente la creación de KESMA. «Buscamos soluciones innovadoras», declaró Dalma Dojcsák, directora del Proyecto de Libertades Políticas de la HCLU. «En muchos casos, cuando se priva a los periodistas de información, no existen procedimientos legales a seguir».
La disminución del pluralismo mediático es una tendencia que se observa en toda Europa del Este. En Polonia, las redacciones han sido depuradas de voces independientes desde que el partido Ley y Justicia llegó al poder en 2015 e implementó reformas controvertidas, incluida una ley que permite al gobierno nombrar a los directores de la televisión y la radio públicas. Entre 2015 y 2019, la posición del país en el índice de Reporteros Sin Fronteras descendió 41 puestos, hasta el número 59.
Los periodistas que se niegan a seguir la línea oficial están siendo silenciados. Dorota Nygren, periodista de Informacyjna Agencja Radiowa, es un ejemplo. Cuando se le asignó la cobertura de la noticia del ataque a un sacerdote del norte de Italia, se negó a mencionar la etnia del agresor —de origen marroquí—, considerándola irrelevante para la historia y potencialmente estigmatizante. La agencia la trasladó entonces a un departamento de archivo y limitó sus horas de emisión, impidiéndole de hecho informar y reduciendo su salario.
En 2018, Nygren demandó a su empleador alegando discriminación por motivos de nacionalidad con la ayuda de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR), una ONG de derechos humanos con la que Media Defence colabora desde 2015. La HFHR argumentó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Nygren estaba cumpliendo con sus deberes como periodista al servicio del interés público, que debía prevalecer sobre su deber de lealtad hacia su empleador. En una sentencia histórica de noviembre, el Tribunal de Distrito falló a favor de la demanda de la HFHR, que posteriormente fue apelada.
Se espera que el fallo anime a otros a tomar postura, afirma Dominika Bychawska-Siniarska, miembro de la junta directiva de HFHR. «Si los tribunales se someten cada vez más al control del partido gobernante, perderemos los recursos legales nacionales», declaró. «Estos casos adquirirán mayor importancia».