Anteriormente hemos analizado cómo las leyes sobre difamación y seguridad nacional se utilizan cada vez más para silenciar a los periodistas. La tercera ley, menos conocida, que también se utiliza con este fin es la penalización de la publicación de «noticias falsas».
¿Qué son las leyes sobre noticias falsas?
Las leyes contra las noticias falsas se promulgaron por primera vez en Inglaterra en 1275 y se extendieron a otros países europeos casi al mismo tiempo. Estaban dirigidas específicamente a delitos contra el orden público y servían para proteger a los terratenientes de la propagación de rumores y para evitar que la población se sublevara. Estas leyes fueron abolidas a medida que las democracias maduraron y la ciudadanía obtuvo voz y voto en la gestión de sus países. Sin embargo, en los últimos 30 o 40 años, hemos observado que los países que heredaron estas leyes de sus antiguas potencias coloniales han comenzado a utilizarlas de nuevo, no para proteger a los terratenientes, sino para proteger a gobernantes con tendencias autoritarias contra quienes los critican.
¿Cómo afectan estas leyes a los periodistas?
Se trata de leyes penales y conllevan penas de prisión. La carga de la prueba recae sobre el periodista, ya que, ante una acusación de difundir noticias falsas, debe demostrar la veracidad de sus declaraciones. Esto conduce a la autocensura, pues los periodistas reciben la señal de que deben medir sus palabras y no informar sobre un tema a menos que estén completamente seguros de algo, y, por supuesto, nunca se puede estar completamente seguro de nada. En países con una sólida cultura de libertad de expresión, el público está acostumbrado a leer artículos de opinión que consideran diferentes perspectivas y a escuchar afirmaciones del tipo «una fuente ha sugerido que…». En países que utilizan leyes contra las noticias falsas para reprimir comentarios, opiniones y críticas, el público no puede acceder a este tipo de información que le permite formarse su propia opinión.
¿Podría darnos ejemplos de casos en los que se hayan utilizado las leyes que prohíben la difusión de noticias falsas?
El caso más sonado recientemente ha sido el encarcelamiento de los periodistas de Al Jazeera en Egipto. Esto acaparó titulares en todo el mundo y dio lugar a la campaña en redes sociales #FreeAJStaff. Sin embargo, es inusual que las acusaciones de noticias falsas reciban tanta atención mundial, ya que suelen utilizarse para silenciar a periodistas locales que informan en sus medios nacionales, no a grandes medios de comunicación de renombre. Por ejemplo, en Somalilandia, el periódico independiente Hubaal fue clausurado y su sede ocupada por la policía después de que su editor y gerente fueran declarados culpables de difundir noticias falsas y encarcelados. En Zambia, cuando el presidente llevaba varias semanas sin ser visto en público y la gente especulaba sobre su salud, un periodista que sugirió que el presidente podría haber fallecido fue procesado por difundir noticias falsas.
¿Cómo funciona MLDI en los casos relacionados con noticias falsas?
MLDI ayuda a defender algunos casos individuales, pero nuestro enfoque principal es adoptar una postura de principios e intentar que estas leyes sean declaradas inconstitucionales. Actualmente tenemos un caso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde instamos al Tribunal a declarar que las llamadas leyes de noticias falsas violan el derecho a la libertad de expresión. El caso en cuestión se refiere al Armenian Times. Tras los disturbios electorales y la declaración del estado de emergencia en 2008, se prohibió la publicación de varias ediciones del periódico en virtud de decretos presidenciales que prohibían la publicación de, entre otras cosas, "información falsa o desestabilizadora". En nuestra presentación ante el Tribunal, argumentamos que prohibir la publicación de "noticias falsas" no debería permitirse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en estado de emergencia. Dicha sentencia sería vinculante para Armenia y enviaría una clara señal a otros países europeos que aún mantienen estas leyes vigentes, indicándoles que deben ser abolidas. También estamos preparando solicitudes de inconstitucionalidad en otros países.
¿Ha tenido éxito este enfoque en el pasado?
En los últimos diez años, los Tribunales Supremos de Uganda y Zimbabue han declarado inconstitucionales las leyes contra las noticias falsas por violar el derecho a la libertad de expresión. Esto demuestra que una defensa legal sólida puede ser efectiva, y cuantas más sentencias de este tipo se dicten, más se fortalecerá la capacidad de los periodistas para informar libremente.
