Media Defence y otras siete organizaciones defensoras de la libertad de expresión han presentado hoy un escrito de amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Tulio Álvarez contra VenezuelaEl caso se refiere al uso de la legislación penal, incluidas penas severas y de amplio alcance, para reprimir la libertad de expresión, y pone de relieve el potencial de abuso de dichas leyes.
El demandante, el Sr. Álvarez, es un abogado constitucionalista venezolano y profesor universitario que fue condenado penalmente por "difamación agravada continuada" a raíz de una columna que publicó en un periódico local sobre la supuesta malversación de fondos de la Caja de Ahorros de Trabajadores y Jubilados de la Asamblea Nacional. La causa penal en su contra fue interpuesta por un exdiputado, entonces presidente de la Asamblea Nacional, a quien el Sr. Álvarez había señalado en su columna como responsable de la malversación. En febrero de 2005, el Sr. Álvarez fue condenado a dos años y tres meses de prisión y se le inhabilitó para ejercer cargos públicos. Cuando posteriormente se le suspendió la pena de prisión, se le prohibió salir del país durante el período de libertad condicional que sustituyó a la pena suspendida.
El Sr. Álvarez llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la Comisión), argumentando que el Estado venezolano había violado sus derechos a la libertad de expresión, a un juicio justo, a la libertad de circulación y a sus derechos políticos, de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión falló a favor del Sr. Álvarez en 2017 y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDH). Al hacerlo, señaló que los procesos penales por difamación de funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público se habían convertido en una tendencia preocupante en Venezuela, lo que resultaba en intimidación y autocensura que afectaban de manera desproporcionada la libertad de expresión.
El escrito de amicus curiae presentado hoy por Media Defence, PEN International, PEN America, PEN México, PEN Quebec, Media Law Resource Center, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Human Rights Watch subraya el creciente reconocimiento internacional de que las leyes penales por difamación son incompatibles con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La intervención argumenta que la criminalización de la expresión debe ser una medida de último recurso en circunstancias excepcionales, limitada a casos de incitación al odio y a la violencia, y que las leyes penales por difamación deben abolirse para prevenir el abuso de dichas leyes, como en el caso del Sr. Álvarez. Finalmente, la intervención señala que incluso las leyes civiles por difamación pueden tener un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión si las sanciones impuestas son excesivamente severas.
