El 20 de octubre de 2014, el Tribunal Superior de Uganda ordenó que el juicio de Ronald Poteri, un detective de policía acusado de filtrar grabaciones de audio secretas entre el Inspector General de la Policía de Uganda y jóvenes del gobernante Partido del Movimiento de Resistencia Nacional, fuera abierto a los periodistas y al público.
El Tribunal Superior anuló una decisión anterior de la Jueza Presidenta y dictaminó que había actuado de manera irrazonable e injusta al prohibir el acceso a la prensa y al público. El Tribunal criticó especialmente el hecho de que no se hubiera realizado una evaluación informada y equilibrada sobre si el juicio debía continuar sin la presencia del público ni de la prensa, y que no se hubieran tenido en cuenta los peligros que implicaba celebrar las audiencias a puerta cerrada y fuera de la vista pública. El caso ha sido remitido de nuevo a los tribunales inferiores con la instrucción de que se otorgue la debida importancia a la libertad de expresión en todas las decisiones futuras.
La sentencia sienta un precedente importante en materia de justicia abierta en los tribunales ugandeses y representa un avance positivo frente a las prohibiciones arbitrarias y generalizadas del acceso de los medios de comunicación a los juicios penales. Es fundamental que se permita a los periodistas asistir a las audiencias judiciales, ya que son los ojos y los oídos del público en general, que no puede estar presente.
Catalina Anite, quien representó a la Asociación de Reporteros Judiciales de Uganda, celebró el resultado como un fallo histórico:
El Tribunal Superior ha reiterado la importancia de los medios de comunicación como garantes de la justicia y ha reconocido su papel fundamental para asegurar que se respete el principio de justicia abierta. El poder judicial tiene la obligación de garantizar que los periodistas informen sobre los casos judiciales para ampliar el conocimiento público y afianzar la confianza en los procesos judiciales.
