Dos funcionarios colombianos condenados a 30 y 40 años de prisión por crímenes cometidos contra Jineth Bedoya.

El 6 de mayo de 2019, Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera fueron condenados a 30 y 40 años de prisión respectivamente por su participación en el secuestro, tortura y agresión sexual de Jineth Bedoya durante su período como reportera desde la prisión La Modelo en Bogotá, el 25 de mayo de 2000.

La Media Legal Defence Initiative (MLDI) considera que este es un paso importante en la lucha contra la impunidad de la violencia contra los periodistas.

El juez afirmó que los actos cometidos contra Jineth Bedoya constituían “crímenes de lesa humanidad”, y añadió: “Es evidente que los malos tratos y la violencia física y psicológica sufrida por la Sra. Bedoya formaban parte de un plan sistemático y bien organizado, que también se aplicó contra otros periodistas que recibieron amenazas de muerte por sus investigaciones sobre la corrupción en la prisión de La Modelo”.

Dado que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas contra Jineth Bedoya antes de su secuestro, existen indicios de que estos actos podrían haber sido perpetrados por un tercero. Por consiguiente, se llevará a cabo una investigación más exhaustiva sobre el general José Leonardo Gallego.

La organización colombiana socia de MLDI, FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), que representa legalmente a Jineth Bedoya desde 2011, declaró: “Si bien reconocemos que esto representa un avance en cuanto al esclarecimiento de los hechos, continuaremos la lucha contra la impunidad en este caso. Han transcurrido casi 19 años para llevar a estos dos perpetradores ante la justicia. Si bien el progreso es valioso, sigue siendo mínimo e increíblemente tardío, especialmente considerando que, a lo largo de la investigación, al menos 25 personas, incluidos funcionarios públicos, se vieron implicadas en este caso. Consideramos que la investigación no se llevó a cabo de manera efectiva y que los autores intelectuales de este plan criminal no han respondido ante la justicia por su participación”.

El Estado colombiano está siendo investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su papel en el secuestro, la tortura y la agresión sexual.

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