Informe: Mapeo de los derechos digitales y la libertad de expresión en línea en África Oriental, Occidental y Meridional

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Resumen de este informe

El derecho a recibir, buscar y difundir información está firmemente consagrado en el derecho internacional —por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos—, así como en numerosas leyes nacionales del continente. Sin embargo, la realidad sobre el terreno en lo que respecta a la realización de este derecho suscita preocupación.

Internet ha permitido la expansión del espacio cívico y un mayor disfrute de los derechos fundamentales, si bien esto no ha sido bien recibido en todos los Estados. Lamentablemente, para muchas personas en la región, el acceso sigue siendo un serio desafío. De hecho, la penetración de internet en África es baja en comparación con otros continentes. Según datos de la UIT de 2017, solo el 21.8 % de los residentes africanos utilizaban internet, frente al 43.7 % en los Estados árabes, el 43.9 % en la región de Asia y el Pacífico, el 65.9 % en América y el 79.6 % en Europa.[ 1 ]

Para quienes sí tienen acceso, este no está exento de desafíos y restricciones. Actualmente, en distintos países de la región existen diversas leyes y políticas, propuestas o ya adoptadas, que buscan regular internet y que atentan directamente —o podrían atentar— contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en línea. Algunos países también han reprimido a defensores de los derechos humanos y periodistas que cuestionan a las autoridades estatales mediante la interposición de procesos penales y otros procedimientos legales en su contra.

Si bien muchos estados parecen reconocer el valor de internet para el desarrollo económico y la educación, esto va acompañado de una falta de confianza en internet y de la preocupación por el poder de movilización que puede ofrecer a individuos y grupos.

En respuesta, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación de toda la región han adoptado una postura firme ante estos desafíos. Los esfuerzos concertados de reforma política y los litigios estratégicos han servido como baluarte contra la erosión del derecho a la libertad de expresión. Los tribunales regionales y subregionales también se han convertido en foros importantes para exigir responsabilidades a los Estados africanos que infringen injustificadamente el derecho a la libertad de expresión.

Este informe describe el panorama actual en materia de derechos digitales y libertad de expresión en línea en África Oriental, Occidental y Meridional. Analiza las tendencias en cuanto a legislación y políticas, así como los litigios recientes en estas regiones. El informe se centra en 18 países —6 por región— y da seguimiento a los acontecimientos recientes en ellos.

La Parte I del informe ofrece una visión general de los litigios ante la CADHP y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte Africana) en materia de libertad de expresión. Las Partes II, III y IV del informe analizan las tendencias generales en África Oriental, Occidental y Meridional, respectivamente, así como algunos de los principales actores jurídicos y de la sociedad civil que trabajan en derechos digitales y libertad de expresión en línea. Incluyen un resumen de algunos de los avances más notables —tanto positivos como negativos— que se han producido en los 18 países considerados en este informe, así como reflexiones sobre las oportunidades y los retos para la defensa de los derechos digitales en cada uno de ellos. Por último, la Parte V examina las próximas oportunidades para los litigios sobre derechos digitales y libertad de expresión en línea en la región.

Definición de los derechos digitales

Tanto la Comisión Europea de Derechos Humanos como las Naciones Unidas han establecido firmemente que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea también deben protegerse en línea, en particular el derecho a la libertad de expresión.[ 2 ] El artículo 19(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deja claro que el derecho a la libertad de expresión se aplica independientemente de las fronteras, a través de cualquier medio de comunicación que cada uno elija.

Para los fines de este informe, utilizamos el término «derechos digitales» para referirnos, en términos generales, a los derechos humanos en la era digital y a los derechos inherentes al acceso y uso de internet y otras TIC. Esto abarca una amplia gama de temas distintos pero interrelacionados. Como se indica a continuación, si bien este informe no pretende abarcar la totalidad de los derechos digitales, busca centrarse en algunas de las tendencias y novedades más relevantes observadas en la región.

En términos generales, algunos de los temas clave explorados en este informe dentro del ámbito de los derechos digitales y la libertad de expresión en línea incluyen el acceso digital, la regulación del contenido en línea, la privacidad y la vigilancia, la libertad de prensa, la difusión de las llamadas «noticias falsas» y la desinformación en las plataformas de redes sociales, y los impuestos aplicados al acceso a internet y a dichas plataformas. Algunos países también han experimentado otros desarrollos notables propios de su contexto, los cuales se han incluido cuando se ha considerado pertinente.

Enfoque y metodología

En cuanto al alcance temporal, el informe se centra principalmente en los acontecimientos ocurridos durante el período de dos años comprendido entre mediados de 2016 y mediados de 2018, si bien algunas leyes y políticas clave son anteriores a este período y se han incluido para ofrecer una visión más completa. Asimismo, somos conscientes de que se han producido avances significativos en algunos países entre el final de dicho período y la fecha de publicación. La selección de países en el informe se ha basado en diversos factores. En primer lugar, representa una distribución geográfica diversa, con seis países seleccionados de cada una de las subregiones consideradas. También se tuvo en cuenta la influencia social y política de los países y el papel que desempeñan en la formulación de políticas en otros países del continente. Además, un factor clave fueron las tendencias recientes en los países, incluyendo leyes y políticas nuevas o propuestas, litigios recientes o en curso, el desarrollo de la infraestructura de las TIC, los niveles de acceso a internet y la prevalencia del uso de las TIC y las redes sociales, factores que probablemente afecten a los derechos digitales.

La disponibilidad de información específica de cada país fue otro factor importante, y en relación con esto, la existencia de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otras entidades activas en el país que han documentado los avances. También consideramos los países en los que hemos trabajado anteriormente. Finalmente, tuvimos en cuenta dónde el trabajo actual o futuro en materia de derechos digitales podría generar resultados positivos. Es importante destacar que reconocemos que cada país de la región tiene un contexto único que presenta sus propias oportunidades y desafíos, y si bien no fue posible abarcar todos los países para los fines de este estudio, reconocemos la importante y necesaria labor que se está realizando en materia de libertad de expresión y derechos digitales en todo el continente, incluyendo aquellos que quedan fuera del alcance de este informe.

Para la elaboración de este informe, nos hemos basado principalmente en fuentes secundarias. Los informes de las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional, regional e internacional que operan en los países en cuestión han sido fundamentales para la elaboración de este informe. Asimismo, hemos tenido en cuenta informes de los medios de comunicación, comunicados de prensa, presentaciones a mecanismos de tratados de derechos humanos y otros informes similares para obtener una comprensión más completa. Además, en lo que respecta a la jurisprudencia, las leyes y las políticas, también se han considerado las fuentes primarias que se analizan.

Otra fuente de información fueron los cuestionarios enviados a organizaciones jurídicas y de la sociedad civil que trabajan en la región. Se incluyó una copia del cuestionario como apéndice al final de este informe, en el que se solicitaba la opinión de los participantes sobre su trabajo en materia de derechos digitales, el contexto actual y sus perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos en la región. El cuestionario se envió a organizaciones jurídicas, de medios de comunicación y de la sociedad civil que, según tenemos entendido, trabajan en las tres subregiones, y se recibieron 12 respuestas. De estas, 11 se recibieron como cuestionarios completos, y la restante se obtuvo mediante una llamada telefónica. Agradecemos profundamente las aportaciones recibidas de los participantes, cuyos datos se mencionan a continuación. En cuanto a la metodología para futuras versiones de este informe, seguiremos esforzándonos por incluir la mayor cantidad posible de opiniones de los participantes para comprender la situación desde una amplia gama de puntos de vista.

Sin embargo, somos conscientes de que el informe ofrece una visión general de alto nivel sobre cuestiones complejas y con muchos matices. En la medida de lo posible, nos hemos esforzado por recurrir a diversas fuentes de diferentes actores para garantizar la objetividad del contenido. Hemos ejercido nuestro criterio al seleccionar las leyes, políticas y otros avances que se destacan en este informe, pero reconocemos que sin duda existen otros que no se han incluido y que también son relevantes para los derechos digitales y la libertad de expresión en línea.

También somos conscientes de ciertas limitaciones de este informe. El contexto local es siempre un factor importante. Por ello, si bien nos hemos basado en la experiencia de diversos actores —incluida la de MLDI y la de nuestras organizaciones asociadas— y hemos procurado confiar en fuentes fidedignas y en los informes de quienes trabajan directamente en materia de derechos digitales en los países analizados, este informe no pretende ofrecer una visión directa de la situación en los 18 países seleccionados. Asimismo, observamos que la información actualizada sobre leyes, políticas y decisiones judiciales no siempre está disponible en todos los países, por lo que las fuentes secundarias constituyen la única información disponible. Además, el proceso de recopilación de información resulta más sencillo y accesible en países con una mayor actividad de la sociedad civil, una sólida libertad de prensa y un alto acceso a internet y a las TIC, lo que a su vez propicia un mayor ejercicio de la libertad de expresión. Por el contrario, la recopilación de información resulta mucho más difícil en aquellos países que se encuentran bajo regímenes represivos, carecen de independencia judicial e instituciones estatales responsables, o donde las barreras para acceder a Internet y a las TIC impiden la disponibilidad de contenido en línea.

Por último, cabe señalar que, si bien nos hemos esforzado por garantizar la exactitud del contenido del informe en el momento de su publicación para el período en cuestión, el ámbito de los derechos digitales es dinámico y está en constante evolución, con nuevas leyes, pronunciamientos judiciales y otros acontecimientos que se producen con frecuencia. Los cambios de liderazgo, las modificaciones legislativas y otros desarrollos se producen rápidamente y pueden afectar drásticamente al panorama en cualquier momento. Como se mencionó anteriormente, este informe formará parte de una serie, y estos cambios se reflejarán en futuras ediciones que abarquen ese período específico.

Agradecimientos

MLDI desea agradecer a las siguientes personas y organizaciones por sus aportaciones, que han contribuido a la elaboración de este informe:

• Asociación para las Comunicaciones Progresistas, Anriette Esterhuysen (Asesora principal)
• fesmedia, Sekoetlane Phamodi (Coordinador del programa)
• Unión de Prensa de Gambia, Bai Emil Touray (Presidente)
• Unión de Periodistas de Kenia, Erick Uduor (Secretario General)
• Centro de Recursos Legales, Tsangadzaome Mukumba (Investigador)
• Fundación de Medios de Comunicación para África Occidental, Vivian Affoah (Oficial Superior de Programas: Libertad de Expresión)
• Monitoreo de medios en África, William Bird (Director)
• PEN Nigeria, Folu Agoi (Presidente)
• Protège QV, Avis Momeni (Secretario General)
• Investigación en TIC en África, Anri van der Spuy (Gerente: Proyecto de Política Digital de África)
• Bien2Saber, Murray Hunter (Organizador del secreto)
• Centro de litigios del sur de África, Kaajal Ramjathan-Keogh (Director Ejecutivo)

Cabe señalar que los participantes han dado su consentimiento para que se les mencione en este informe. Como se indicó anteriormente, 11 de los 12 participantes respondieron mediante cuestionarios, y uno de ellos lo hizo por vía telefónica.

Asimismo, cabe señalar que, si bien las aportaciones de las personas y organizaciones mencionadas anteriormente se han tenido en cuenta y se han incorporado según corresponda, esto no debe interpretarse necesariamente como un respaldo por parte de dichas personas al contenido de este informe.

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