La ley puede utilizarse contra los periodistas para impedirles informar. Los periodistas y los medios de comunicación que se enfrentan a acciones legales a menudo no pueden costearse un abogado, y existe una escasez de centros de asistencia jurídica locales y abogados que puedan defender a los periodistas de forma gratuita.
Garantizamos que los periodistas tengan acceso a una representación legal de calidad, cubriendo sus honorarios, conectándolos con un abogado si no disponen de uno y brindándoles apoyo técnico legal. Asimismo, aseguramos que los periodistas tengan acceso a recursos legales cuando se haya vulnerado su derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, si han sido víctimas de violencia o acoso.
Asumimos casos estratégicos para impugnar leyes injustas que buscan silenciar a los periodistas y garantizar que la ley se utilice para protegerlos en lugar de perseguirlos. Buscamos casos que ofrezcan una oportunidad para un cambio sistémico (por ejemplo, la modificación de una ley o práctica problemática) que beneficie la libertad de prensa.
Desarrollamos capacidades jurídicas locales con el objetivo de brindar a los periodistas de todo el mundo la oportunidad de acceder a la mejor defensa legal posible. Lo hacemos mediante la formación de abogados y la financiación de centros jurídicos locales que pueden representar a los periodistas de forma gratuita.
Organizamos talleres regionales de litigio para fortalecer la capacidad de los abogados que defienden a los medios de comunicación. Actualmente, llevamos a cabo esta labor en África Oriental, Occidental y Meridional, así como en América Latina y el Sudeste Asiático.
Brindamos asistencia financiera y apoyo práctico a organizaciones que ya cuentan con una unidad de asistencia jurídica, o que desean establecerla, para ofrecer apoyo legal gratuito y de alta calidad a periodistas, periodistas ciudadanos y medios de comunicación que se enfrentan a amenazas legales debido a sus reportajes.
El periodismo es una función que comparten diversos actores. Esto incluye, entre otros, a periodistas profesionales a tiempo completo y trabajadores de los medios de comunicación que difunden información a través de canales tradicionales, así como a periodistas ciudadanos que pueden utilizar herramientas como internet y las redes sociales para la autopublicación en formato impreso, digital o en otros medios.